Éxito Noticias, 1 de diciembre 2025.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se encuentra en un proceso de reorganización tras la salida de los magistrados autoprorrogados, reconoció el magistrado Boris Arias. La institución enfrenta un momento de transición que busca recuperar legitimidad y eficacia en la administración de justicia, después de años de funcionamiento irregular que dejaron pendientes miles de causas.
En contacto con radio Éxito, Arias explicó que el Tribunal está en un estado “un poco caótico” y que se ha comenzado a ordenar expedientes y solicitar informes para evaluar responsabilidades administrativas y penales. “Lo primero que estamos haciendo en estos momentos es reorganizarnos. Esta semana vamos a retomar los sorteos y vamos a empezar a notificar todo lo que tengamos pendiente”, aseguró.
El magistrado subrayó que la labor del TCP no debe extenderse a todas las disputas, sino centrarse en casos constitucionales. “No, el tribunal no tiene que resolverlo absolutamente todo. Si tus hijos se van a quedar con alguien tras un divorcio, hay un juez natural que debe decidir. Muchos abogados han usado la vía constitucional para definir este tipo de cosas y los magistrados, a kilómetros de distancia, sin hablar con el niño, han empezado a resolver causas”, explicó.
Arias destacó que la prioridad actual es unificar criterios y jurisprudencia, para dar certeza jurídica a la población y evitar decisiones contradictorias. “Si logramos la idea y hemos podido hablar los cuatro magistrados, entendemos que las causas se van a reducir, vamos a dar mayor certeza al público y a los ciudadanos que van a saber cuáles son las decisiones”.
En cuanto a la figura que debe completar los cargos vacantes del tribunal, Arias evitó pronunciarse sobre la decisión legislativa, aunque destacó que existen varias opciones sobre la mesa, incluyendo la convocatoria de suplentes o mantener a cuatro magistrados. “Lo ideal sería que exista una ley que quite toda duda de los actores políticos y dé certeza al proceso. La Asamblea Legislativa tiene libertad configuradora para decidir cómo legitimar el funcionamiento del tribunal”, señaló.
El magistrado también confirmó que se solicitarán auditorías a la Contraloría General del Estado sobre la gestión de los anteriores magistrados, para determinar posibles responsabilidades: “No lo vamos a hacer nosotros, no vamos a ser juez ni parte, le vamos a pedir a la Contraloría que pueda realizar las auditorías en las áreas que estamos identificando”.
Sobre el impacto de las decisiones de los exmagistrados, Arias señaló que “cuando te deslegitimas un tribunal, la gente ya no cree en ti y tus sentencias ya no se cumplen. El Tribunal Constitucional ya no puede legitimar ni procesos electorales ni conflictos políticos. Tener magistrados que tengan un mínimo de respeto es totalmente necesario”.
El magistrado reconoció que estas decisiones pasadas han generado inestabilidad y frustración en la población, pero aseguró que se buscará mantener un principio de seguridad jurídica. “No se va a generar un caos en este momento y vamos a agarrar todo lo que se ha dictado en los últimos ocho años. No se va a tirar todo a una fogata”, dijo.
Asimismo, Arias explicó que la determinación sobre posibles juicios de responsabilidades dependerá de la Asamblea Legislativa y el Ministerio Público. “Ellos son los que van a decidir si corresponde remitir a la justicia ordinaria o asumir competencia”, señaló.
