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    CIDH alerta por retroceso en justicia tras anulación de procesos de Sacaba y Senkata

    Éxito Noticias, 19 de noviembre 2025.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular los procesos judiciales vinculados a las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019. El presidente del organismo, José Luis Caballero, calificó la medida como un “golpe fuerte” para las víctimas y para la institucionalidad democrática del país.

    Caballero recordó que la CIDH acompañó desde el inicio las investigaciones sobre estos hechos, considerados graves violaciones a los derechos humanos. En su criterio, la resolución del TSJ no solo afecta a las familias que buscan justicia, sino también a la credibilidad del sistema judicial boliviano y al compromiso internacional del Estado en materia de derechos humanos.

    Durante una audiencia pública, el titular de la CIDH señaló que la anulación representa un “punto de inflexión” en el seguimiento que el organismo ha realizado durante seis años. Citó además testimonios de representantes de las víctimas, quienes consideran que esta decisión constituye una forma de revictimización, al dejar sin respuesta sus demandas de verdad y reparación.

    El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya había catalogado los hechos de Sacaba y Senkata como masacres, tras documentar la represión que dejó diez fallecidos en cada localidad. Según el informe del GIEI, las muertes se produjeron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, emitido durante el gobierno de Jeanine Áñez, que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad por el uso de la fuerza.

    Caballero subrayó que la CIDH mantuvo reuniones constantes con el Ministerio Público y el TSJ para evaluar avances en las reparaciones, y advirtió que el nuevo gobierno debe dimensionar la gravedad de lo ocurrido. La anulación de los procesos contra Áñez y otros implicados, afirmó, no puede ser vista como un trámite administrativo, sino como un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata.

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