Éxito Noticias, 20 de agosto 2025.- La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó que desde el Órgano Ejecutivo aprobó este miércoles un anteproyecto de ley orientado a regular y agilizar los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para recuperar deudas e imponer sanciones con mayor eficacia.
“En la sesión de Gabinete se ha aprobado un proyecto de ley respecto a los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, que es una forma también de cobrar las deudas de parte del Estado (…). Le está dando la garantía a las partes dentro del marco de la legalidad, estableciendo plazos, la forma de presentación de pruebas, los recursos que se pueden plantear dentro de estos procesos”, indicó la autoridad, en conferencia de prensa.
Según Saravia, el proyecto normativo busca dotar de legalidad a los procedimientos que actualmente se encuentran regulados solo por instructivos, sin rango de ley.
“A la fecha tenemos un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero que no tiene rango de ley y para nosotros es importante darle legalidad porque el beneficio lo va a tener tanto el Estado como las partes involucradas”, precisó.
El proyecto también plantea plazos más definidos, mecanismos claros para la presentación de pruebas y recursos, así como mayor seguridad jurídica para los ciudadanos y empresas implicadas en este tipo de litigios.
“Queremos darle la posibilidad a las personas que están siendo procesadas de poder también recurrir en caso de que no estén de acuerdo con un fallo, y eso es absolutamente importante”, remarcó.
Recordó que la actual normativa vigente, en esta materia, data de 2002 y fue objeto de diversas modificaciones.
Sin embargo, los procedimientos judiciales continúan siendo extensos, especialmente, en juzgados coactivos, donde “tenemos procesos en muchas entidades, inclusive desde 2012”.
La propuesta normativa también busca aliviar las cargas procesales de las instituciones públicas, optimizando tiempos y reduciendo costos.
“Los abogados que ven este tipo de procesos tienen que estar actualizando los datos cada seis meses, lo que significa también un costo. Con la modificación y ajuste de plazos, estos procesos permitirán mayor seguridad jurídica y una conclusión más expedita”, añadió.
El anteproyecto será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento y eventual aprobación.
