Éxito Noticias, 31 de julio 2025.- La ministra de Justicia, Jessica Saravia, aseguró este jueves que el derecho a la libertad de expresión está plenamente garantizado por la Constitución Política del Estado y por los tratados internacionales suscritos por Bolivia. Sin embargo, remarcó que su ejercicio debe realizarse con responsabilidad y dentro del marco legal, haciendo alusión al caso del tiktoker investigado por declaraciones sobre el sistema financiero.
“Nosotros, como Ministerio de Justicia, por su puesto estamos absolutamente convencidos de que en esos casos, las medidas extremas que se puedan aplicar siempre tienen que ser ante el incumplimiento de un procedimiento. Nosotros no somos parte de este proceso”, explicó Saravia, en referencia al proceso iniciado contra el creador de contenido conocido como “Luisito Crack”, quien enfrenta una denuncia por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El influencer fue citado por el Ministerio Público tras publicar un video en redes sociales en el que advertía sobre supuestos riesgos de la banca, lo que fue interpretado por la ASFI como un intento de desestabilización del sistema financiero. La denuncia generó un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión y la actuación de las instituciones estatales.
“Hay que recordar dos cosas. Primero, que es importante ser responsable con las declaraciones o los comentarios que uno pueda hacer, más aún cuando uno puede influir en la sociedad en el entendido de que esto puede generar problemas, y entiendo que eso ha hecho que la ASFI en su momento presente una denuncia”, señaló la ministra.
En ese contexto, insistió en que el derecho a la libre expresión debe ejercerse sin afectar el orden público ni incurrir en delitos tipificados. “Este derecho a la expresión está absolutamente garantizado. Somos parte de tratados (internacionales), pero hay procedimientos que cumplir, y hay manifestaciones que pueden considerarse un delito. En ese marco, será la autoridad competente la que tenga que aplicar los procedimientos que correspondan para establecer o no los hechos”, afirmó.
Saravia también indicó que el Ministerio de Justicia tiene como responsabilidad velar por el cumplimiento del marco de los derechos humanos y que no interviene directamente en procesos judiciales iniciados por otras instituciones. No obstante, reiteró que el respeto a la ley debe ser un componente inseparable del ejercicio de la libertad de expresión.
“El Ministerio de Justicia se encarga de poder hacer los informes respecto al cumplimiento del marco de los derechos humanos”, sostuvo, subrayando que los procedimientos judiciales seguirán su curso bajo la jurisdicción de las autoridades competentes.
