Éxito Noticias, 16 de junio 2025.- El juez de Coroico, Luis Fernando Marcelo Lea Plaza, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, tras ordenar la suspensión temporal de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira. La determinación judicial generó una crisis en el Órgano Judicial y abrió una investigación penal que apunta a la existencia de un presunto consorcio de jueces y fiscales que habría operado con respaldo político para controlar el alto tribunal.
Según la defensa del juez, Lea Plaza solicitará una ampliación de su declaración en la que revelará que actuó bajo órdenes de “altas autoridades del Gobierno”. La denuncia fue reforzada por su esposa, Jesenia Requena, quien afirmó que su cónyuge fue utilizado por funcionarios de alto nivel y que actualmente se le impide declarar ante la Fiscalía.
El Ministerio Público investiga a cuatro personas por este caso, entre ellas la vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, quien habría aportado argumentos jurídicos para la acción de cumplimiento que derivó en la suspensión de la magistrada. La Fiscalía accedió a mensajes impresos atribuidos a “Dra. Castro” en los que se detalla el punteo jurídico para justificar la decisión, lo que, según el Ministerio Público, muestra su implicancia directa en el consorcio.
A este hecho se suma un audio divulgado por medios de comunicación en el que se escucha presuntamente al exministro de Justicia, César Siles, dar instrucciones al juez Lea Plaza. En la grabación se menciona que el fallo será respaldado “a muy alto nivel” y que el juez contará con protección, mientras Siles se compromete a hablar con el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
El escándalo también alcanza a quienes podrían beneficiarse de la suspensión. Fuentes cercanas al caso advierten que el exvocal Iván Campero, suplente de Coaquira, podría asumir el cargo en caso de concretarse la inhabilitación. Campero es señalado por tener afinidad con el ala arcista del MAS. Irónicamente, en la audiencia de acción de cumplimiento, quien se presentó como abogado defensor de la magistrada fue el exvocal Israel Campero, también vinculado a decisiones judiciales favorables al oficialismo.
El trasfondo de esta situación apunta a una pugna interna por el control del TSJ, que derivó en una operación judicial aparentemente coordinada por actores políticos, operadores judiciales y miembros del Ministerio Público. La investigación continúa abierta, y la declaración del juez encarcelado podría aportar más datos sobre una presunta red de consorcio judicial con respaldo político.
La abogada Zuleica Daza indicó que Lea Plaza estaría siendo amenazado de muerte. Aseguró que su cliente recibió órdenes, sin embargo, evitó dar mayores detalles ya que el caso se encuentra en reserva.
