Éxito Noticias, 25 de abril 2025.- El abogado de la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, salió al paso de la denuncia penal presentada por el Ejecutivo edil y aseguró que no existe ningún tipo penal que se le pueda atribuir a su defendida por la promulgación de la ley que congela las tarifas del transporte público.
Frank Campero, en entrevista con radio Éxito, argumentó que la ley municipal aprobada por el Concejo tiene mayor jerarquía normativa que cualquier decreto emitido por el alcalde Iván Arias. “Una resolución municipal, un decreto municipal no está por encima de una ley, por simplemente normativa constitucional, la jerarquía establece que una ley está sobre una ordenanza, reglamento o resolución”, señaló.
El jurista restó importancia a la denuncia de la Alcaldía, que acusa a seis concejales por presuntos delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, tras la aprobación de la Ley de Congelamiento de Tarifas. Campero consideró que se trata de una medida sin fundamentos legales y que no representa ninguna amenaza real para su cliente.
“No nos preocupa ni nos llama la atención esta denuncia porque una ley está sobre un decreto”, reiteró. Afirmó además que, si el Ejecutivo municipal se niega a publicar la norma, se puede recurrir a una acción de cumplimiento para forzar su promulgación oficial. “Tarde o temprano va a tener que cumplirse esta situación”, advirtió.
La ley en cuestión fue promulgada el jueves por la mañana por la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, en medio de una vigilia de choferes que se declararon en emergencia. La norma revierte el incremento tarifario decretado por Arias a inicios de año y restablece los precios a Bs 2 para tramos cortos y Bs 2,60 para tramos largos, niveles establecidos en 2016.
Mientras tanto, la denuncia penal presentada por la Alcaldía ante el Ministerio Público ya fue admitida y se encuentra en etapa inicial de investigación. La directora de Asuntos Jurídicos del municipio, Amparo Morales, afirmó que los concejales involucrados vulneraron competencias exclusivas del Ejecutivo al intervenir en la fijación de tarifas, lo que podría derivar en responsabilidades legales.
