Éxito Noticias, 8 de enero 2025.- El Gobierno entregó ayuda humanitaria valuada en más de Bs 278 mil a un centenar de familias de Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, y movilizó más de 2.000 militares para los trabajos de limpieza del barro dejado por la mazamorra de noviembre, que afectó a más de 40 viviendas y dejó una niña fallecida.
Sin embargo, no puede empezar la fase de reconstrucción de viviendas porque hasta el momento la Alcaldía de La Paz no atendió las solicitudes de información sobre las familias damnificadas, la declaratoria de desastre de la zona y de informes técnicos para determinar si es pertinente o no reconstruir las viviendas en la zona.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó de todo lo hecho por el Gobierno nacional desde el primer momento del desastre en esta zona de la ciudad de La Paz, como lo dispuso el presidente Luis Arce.
“Se han atendido a 100 familias, se han movilizado 5.25 toneladas de ayuda humanitaria y 4.098 unidades de vituallas, ropa y otro tipo de artículos que ascienden a una suma 278.666 bolivianos”, detalló en una conferencia de prensa junto con el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, sobre el curso de las acciones en esta zona.
Desde el día de la tragedia en Bajo Llojeta, Defensa Civil y el Ministerio de la Presidencia prestaron ayuda humanitaria y movilizaron maquinaria pesada para atender las emergencias.
Mientras el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos, movilizó 2.058 militares de 14 unidades militares que trabajaron 19 días en la evacuación y salvaguarda de los bienes de las familias damnificadas y la construcción de defensivos, mallas de gavión con bolsas de arena y los operadores de maquinaria.
Luego de visitar el lugar del desastre, al día siguiente del desastre, el presidente Arce encomendó a las autoridades establecer el origen de la mazamorra en la zona y restablecer el barrio.
Calvimontes explicó que se coordina con la comisión de Fiscales sobre el desarrollo de la investigación para determinar causas de la mazamorra en Bajo Llojeta e individualizar a los responsables en el caso abierto por los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado.
“Se tiene referencia de las nueve personas que en este momento están recibiendo sus declaraciones como sindicados. También de las resoluciones de imputación contra las personas, en las que se están encontrando cierto grado de responsabilidad”, explicó.
No obstante, lamentó que en el proceso investigativo existan demandas y contrademandas entre las alcaldías de La Paz y Achocalla y la empresa Kantutani, firma que realizó el movimiento de tierras en el Cementerio Los Andes que, según la Alcaldía de La Paz, desencadenó la tragedia.
“Mientras no se resuelva este tipo de situaciones, el proceso de reconstrucción que se tiene que hacer en la zona, como tercera fase de intervención, en el marco de la ley 612, se ve en cierto modo obstaculizado, porque se tiene que tener todo en orden para que podamos iniciar los trabajos”, explicó Calvimontes.
El ministro Montaño cuestionó la falta de información de la Alcaldía de La Paz sobre el número de familias damnificadas, catastro y otros documentos y datos para iniciar la construcción de viviendas de las familias que perdieron sus casas.
“Solicitamos el catastro para intervenir con empresas y se pueda realizar la construcción, y no hay catastro en ese sector; les hemos pedido bajo nota oficial de la AE Vivienda que nos pasen la cantidad de familias afectadas y no ha llegado; hemos pedido, además, una ley que declare desastre a la zona y ayer recién la han completado; y pedimos la lista de damnificados, nada de eso ha estado cumpliendo la alcaldía municipal de La Paz”, denunció.
Además, consideró que la alcaldía debe establecer si la zona es estable para construir las viviendas o consensuar con los vecinos si se edificarán en otro lugar.
“No sabemos a la fecha técnicamente, si ese sector sirve o no para construir nuevas viviendas o es un sector de alto riesgo, que defina la alcaldía, porque es su competencia y protestad”, remarcó.
Montaño afirmó que se envió una nota oficial al alcalde Iván Arias, y a las representantes de las juntas vecinales Jenny Tapia y Julieta Clavijo, para informales sobre estos temas.
