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    Dirigente evista niega que la marcha del 10 de enero responda a órdenes de Evo

    Éxito Noticias, 6 de enero 2025.- El secretario general de la Confederación de Interculturales de Bolivia, David Veizaga, aseguró que la movilización convocada para este 10 de enero, no responde a órdenes del expresidente Evo Morales, sino que es una expresión del descontento del pueblo boliviano ante la gestión del Gobierno de Luis Arce.

    En contacto con radio Éxito, negó que se trate de una marcha “evista” y sostuvo que la convocatoria responde a demandas concretas de las organizaciones sociales.

    Veizaga afirmó que Bolivia atraviesa una crisis económica y social sin precedentes, marcada por lo que calificó como una “dictadura judicial” y una administración que prioriza intereses políticos sobre las necesidades de la población.

    Señaló que más de 100 personas están detenidas en cárceles del país, en su opinión de manera injusta, mientras las instituciones judiciales actúan bajo intimidación militar y policial.

    La movilización, que arrancará desde Patacamaya el 10 de enero, busca también denunciar lo que las organizaciones consideran un mal manejo de los recursos naturales, especialmente las reservas de oro, y una política económica que ha generado aumentos en los precios de la canasta familiar, los pasajes y la falta de combustibles como diésel y gasolina.

    Veizaga subrayó que la marcha responde a una decisión colectiva de sectores como los gremialistas y transportistas, quienes han visto cómo su situación económica se deteriora debido a la inflación y la falta de oportunidades laborales. “El pueblo está reaccionando porque ya no hay empleo, no hay progreso y todo está cada vez más caro. Esta no es una movilización de Evo Morales, es una movilización del pueblo”, declaró.

    El dirigente también pidió a los medios de comunicación que no contribuyan a confundir a la ciudadanía atribuyendo estas acciones a una figura política en particular, ya que, según él, el único objetivo de la marcha es hacer respetar los derechos civiles y constitucionales de las organizaciones sociales.

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