Éxito Noticias, 17 de diciembre 2024.- El abogado Nelson Cox, defensa legal del expresidente Evo Morales, desmintió este martes que su cliente haya sido notificado formalmente en el proceso que enfrenta por presuntos delitos de trata y tráfico de personas y estupro. Además, cuestionó la legalidad de la imputación presentada por la Fiscalía Departamental de Tarija, calificándola como “anulable”.
En contacto con radio Éxito, el jurista señaló que “no hemos sido notificados con ningún actuado. Lo que primero denunciamos y mantenemos desde el mes de septiembre es que no puede haber un doble juzgamiento contra ningún ciudadano boliviano por un solo hecho. Ese hecho fue un caso cerrado en 2020, objetado, confirmado por la Fiscalía Departamental, cerrado ante el Juzgado de Yacuiba y ahora hacen una recalificación por el tema de trata y tráfico de personas para hacer un elemento rimbombante y obviamente nosotros nos hemos sometido a derecho”.
El abogado señaló que desde el mes de octubre se han presentado a audiencias junto al expresidente. Aseguró que existe un domicilio real y procesal para notificar a Morales y que incluso, la Fiscalía tiene conocimiento del domicilio real del exmandatario, por lo que no se explica por qué hasta el momento no se ha notificado al líder cocalero.
Además, el jurista cuestionó que la Fiscalía haya emitido una resolución de imputación antes de recibir la declaración de Morales, por lo que aseguró que la misma puede ser anulada.
“La Fiscalía nos restringe el derecho a la defensa, la Fiscalía oculta el cuaderno de investigaciones, la Fiscalía nos ha ocultado muchos procedimientos por lo cual hemos pedido vicios de nulidad, entonces, aquí hay una colección de arbitrariedades e ilegalidades que deben ser notificadas correctamente. (…) En Bolivia no puede haber una imputación penal sin antes tomar una declaración a quien se le sindica de la comisión de un delito”, agregó el letrado.
El pasado lunes, la Fiscalía activó una alerta migratoria contra Morales y la coimputada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, argumentando riesgo de fuga. También se solicitó la detención preventiva de ambos por un periodo de seis meses, medida que ahora enfrenta fuertes críticas de la defensa del exmandatario.
Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, defendió la legalidad de las actuaciones y afirmó que se han cumplido los pasos establecidos por ley para notificar al expresidente. Sin embargo, reconoció que el operativo para ejecutar la orden de aprehensión en el Chapare no pudo llevarse a cabo debido a las condiciones hostiles en la zona, lo que habría puesto en riesgo la vida de los efectivos policiales.
Cox asegura que la Justicia está siendo instrumentalizada para perseguir a Morales y desviar la atención de la crisis en el país, por presión del Gobierno, porque “no hay víctima, no hay familiares, no hay nadie que esté denunciando el ilícito y no puede proseguir sin la denuncia sin la víctima. (…) (Sandra Gutiérrez) es una fiscal prevaricadora”.
