Éxito Noticias, 27 de noviembre 2024.- La Fiscalía está gestionando la solicitud de extradición de Luis Iturralde, empresario acusado de ser responsable del movimiento de tierras que provocó el deslizamiento de mazamorra en La Paz. El hecho, ocurrido el pasado fin de semana en la zona de Bajo Llojeta, dejó como saldo la muerte de una niña de cinco años y más de 25 personas damnificadas.
El director de Interpol Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, informó que, tras un intento fallido de ingresar a Chile y posteriormente a Perú, el empresario fue aprehendido en territorio peruano. Según Bazoalto, el acusado había intentado abordar un vuelo de regreso a Bolivia, pero al no hacerlo, quedó bajo la jurisdicción de las autoridades peruanas, quienes procedieron a su arresto.
La Fiscalía boliviana, que sigue investigando el caso, tramita ahora la extradición del empresario para que pueda ser puesto a disposición de la justicia en Bolivia, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.
“Efectivamente, este señor ahora está en manos de la justicia peruana, específicamente, en el Juzgado Quinto Penal de Callao de Perú. La autoridad judicial de dicho país está solicitando los informes respectivos a través de la Cancillería para poder realizar el trámite de la extradición. En las próximas horas, el Ministerio Público está solicitando ante la autoridad jurisdiccional el trámite de extradición”, indicó el fiscal.
El deslizamiento de mazamorra habría sido provocado por movimientos de tierra ilegales ejecutados por una empresa vinculada a Iturralde, la inmobiliaria Kantutani que administra el cementerio Los Andes, que operaba en la parte alta de la zona con el respaldo de la Alcaldía de Achocalla. Las intensas lluvias provocaron que el material deslizara, afectando a tres barrios de Bajo Llojeta.
La aprehensión de Iturralde fue posible gracias a una notificación roja de Interpol, que permitió su localización en más de 100 países. Las autoridades bolivianas continúan con las investigaciones y esperan su pronta extradición para dar continuidad a los procesos judiciales.
