Éxito Noticias, 16 de octubre 2024.- Israel Ramiro Campero Méndez, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), denunció que las recientes decisiones de los tribunales de garantías de Pando y Beni, que afectan las elecciones judiciales en Bolivia, son ilegales y violan principios fundamentales del derecho constitucional. Según Campero, estas resoluciones carecen de validez jurídica debido a errores procesales y a la inaplicación indebida de normas.
Campero explicó que la principal irregularidad en la resolución emitida en Pando es que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano clave en la organización de los comicios, no fue convocado a la audiencia donde se discutió la acción de amparo constitucional. Esto contraviene un principio básico del derecho procesal: la obligatoriedad de notificación a las partes implicadas en el caso.
“Si una persona no es convocada a una audiencia, los efectos de esa decisión no pueden ser vinculantes para ella”, afirmó Campero.
Este hecho, según el candidato, hace que la resolución no pueda aplicarse al proceso electoral.
“Si el órgano electoral no ha sido convocado a una audiencia de acción de Amparo Constitucional, no tiene por qué los efectos de esta resolución afectar la actitud o la actividad del órgano electoral”, detalló.
En el caso de Beni, Campero señaló que muchos postulantes no fueron debidamente notificados, lo que vulnera su derecho fundamental al debido proceso. “Un tribunal no puede emitir una decisión que afecte a personas que no han sido escuchadas ni convocadas”, dijo.
La falta de notificación adecuada es una violación directa de los derechos constitucionales, lo que convierte la decisión en ilegal y arbitraria.
“Hay más de 100 postulantes dentro de este proceso electoral. Todos estos postulantes debieron haber sido convocados a la audiencia de acción de amparo el día de ayer en la ciudad del Trinidad. Quiero informarles que lamentablemente, por los datos de la audiencia, muchos candidatos no han sido notificados legalmente, y vuelvo sobre lo dicho anteriormente, sobre ellos se afecta su derecho fundamental, una garantía constitucional al debido proceso, a ser oídos en una audiencia, y sobre ellos se pretende vincular una decisión que ha sido el ejemplo más grande de la arbitrariedad”, añadió.
Además, Campero criticó al tribunal de garantías de Beni por inaplicar normas constitucionales en el proceso de forma indebida. “Un tribunal de garantías no puede inaplicar una norma sin un argumento legal sólido, y esto es precisamente lo que hicieron”, denunció.
Según el candidato, el tribunal retrotrajo todos los actos ya ejecutados por el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual es imposible desde el punto de vista legal. “El principio de preclusión impide revisar etapas del proceso que ya han sido cerradas, a menos que se plantee una acción en el momento oportuno”, explicó.
Campero advirtió que las resoluciones no solo ponen en peligro las elecciones judiciales programadas para diciembre, sino que también generan un daño económico significativo al Estado, que ya ha invertido recursos en la preparación de los comicios. Ante esta situación, exhortó al Tribunal Supremo Electoral a no tomar decisiones que no tienen base legal ya garantizar el cumplimiento de la ley para salvar el proceso electoral.
