Éxito Noticias, 28 de agosto 2024.- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, reiteró la propuesta de nacionalizar las estaciones de servicio privadas, argumentando que solo se trata de una sugerencia para proteger los intereses del pueblo boliviano y asegurar un manejo justo y equitativo de los recursos energéticos del país.
El dirigente llamó al Gobierno a implementar un control estricto en el manejo de combustibles a nivel nacional, en medio de crecientes denuncias de contrabando y especulación que, según él, están afectando gravemente a sectores productivos, en particular el minero.
“El pedido es de manera general a raíz de las denuncias que existen, que se han hecho conocer en pleno ampliado por parte de varios sectores. Hoy, están afectados varios sectores, el sector productivo más que todo, estamos preocupados. La escasez nos ha afectado en las operaciones mineras, entonces, todo el sector minero ha sido afectado tanto en el sector estatal como privado y así a nivel nacional”, declaró Huarachi a radio Éxito.
El líder sindical enfatizó la necesidad de que las organizaciones laborales y la sociedad en general asuman un rol activo en la fiscalización del uso y distribución de combustibles, subrayando que la falta de control ha facilitado el contrabando en bidones, afectando tanto al mercado interno como a la estabilidad de los precios.
“Nosotros como trabajadores y el pueblo boliviano se constituye a un control social y estamos para controlar, fiscalizar. Las organizaciones tenemos que hacer ese control y evitar que se esté dando el agio y la especulación en el tema de los combustibles y evitar los conflictos con los hermanos transportistas”, añadió Huarachi.
“Es una propuesta sana, no es una propuesta descabellada, ahí sí lo verá el Gobierno, nosotros terminamos con proponer, si lo toma o no lo toma el gobierno”, afirmó, subrayando que la intención no es ir en contra de la inversión privada, sino garantizar que los empresarios actúen de manera responsable.
Sin embargo, la Asociación de Surtidores (Asosur) rechazó la propuesta de nacionalización, calificándola como una amenaza a la seguridad jurídica y una medida irresponsable que podría ahuyentar futuras inversiones en el país.
“Estas declaraciones irresponsables lejos de solucionar la situación económica de nuestro país, no solo ponen en peligro la inversión de empresarios bolivianos dedicados a la comercialización minorista de combustible, sino también, afecta directamente al índice de riesgo de inversión en Bolivia, ahuyentando futuras y potenciales inversiones”, señala un comunicado emitido por Asosur.
