Éxito Noticias, 7 de julio 2024.- En el marco de las investigaciones por el caso Amayapampa, la justicia determinó la detención preventiva por cinco meses en el Penal de San Pedro de La Paz de Eugenio M.T. y Federico G.T.P. por explotación ilegal de recursos minerales entre otros delitos, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).
“El juez séptimo de instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal por la comisión de los delitos de explotación ilegal de recursos minerales, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, resoluciones contrariaros a la constitución y a las leyes y otros, determinó la detención preventiva de Eugenio M.T. y Federico G. T. P por cinco meses en el Centro Penitenciario de San Pedro en la ciudad de La Paz”, refiere un comunicado de la entidad.
La decisión judicial se instruye en mérito a que se acreditaron suficiente y razonablemente riesgos procesales de fuga y obstaculización en la conducta procesal de ambos imputados.
En 2021, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) suscribió un contrato con la Empresa Minera Phoenix Mining S.A, para el área de titularidad ubicada en Amayapampa I, cantón Chayanta del departamento de Potosí, por el cual la compañía china se comprometió a invertir casi $us 152 millones durante los tres primeros años de la ejecución.
Sin embargo, el contrato fue incumplido por la empresa minera. El representante legal de la empresa Minera Phoenix Mining S.A., era Huoy Kung Tang, quien se encuentra con detención preventiva en San Pedro.
Según la Procuraduría, en este proceso se estableció un daño económico al Estado de más de Bs 11 millones “constituyendo la sola cuantía, criterio suficiente de intervención procesal”.
“La Procuraduría ejerce sus funciones y atribuciones con integridad u transparencia actúa de forma activa ante las denuncias de posibles actos de corrupción, graves afectaciones al patrimonio público y al medio ambiente cumpliendo con el deber de promover las acciones legales correspondientes y exigir celeridad en la dirección funcional de la investigación”, señala el comunicado.
