Éxito Noticias 23 de abril 2024.- El Procurador General del Estado, César Siles, informó que se han emitido 12 mandamientos de aprehensión con relación al caso de las piscinas de carbonato de litio en el complejo industrial de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), y que al momento, no solo fue aprehendido Luis Alberto Echazú, sino también otras dos personas, Jorge Flores Mamani y Paul Quiroz.
Asimismo, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Omar Zegada, informó que estas últimas dos personas son exfuncionarios de YLB. Estos individuos fueron aprehendidos y trasladados a celdas policiales hasta que la Fiscalía determine las nuevas acciones a seguir.
Respecto al estado de salud de Echazú, el jefe policial indicó que se garantiza la atención prehospitalaria en caso de que se requiera.
Por su parte, Siles destacó que la investigación, dirigida por la Fiscalía, tiene como objetivo principal esclarecer la verdad histórica de los hechos y determinar responsabilidades. En este sentido, se coordinará con la entidad afectada, como es YLB, el Ministerio de Hidrocarburos y el Gobierno boliviano para agotar todos los esfuerzos necesarios y lograr la recuperación del daño económico al Estado.
El Procurador resaltó que la investigación no se limita únicamente a los mandamientos de aprehensión, sino que se han realizado numerosos actos investigativos desde el inicio del caso. Estos incluyen el registro del lugar de los hechos, la inspección de las piscinas en Uyuni y la toma de declaraciones testificales.
Como antecedentes del caso, Siles mencionó que en 2021 se detectaron graves deficiencias en la construcción de la planta de carbonato de litio, que incluían problemas estructurales y de diseño. A pesar de estas irregularidades, el proceso continuó ejecutándose sin las supervisiones y fiscalizaciones necesarias.
Asimismo, especificó que a la fecha, de las 18 piscinas de evaporación, solo funcionan cinco, prolongando el perjuicio a YLB y por ende, al Estado. El daño económico superaría los 425 millones de bolivianos, además de que las consecuencias del proyecto mal diseñado y ejecutado retrasa el proyecto industrializador.
Los delitos por los que se ha denunciado el caso incluyen incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y contratos lesivos al Estado. La Fiscalía determinará los cargos específicos en base a las pruebas recopiladas durante la investigación.
