Éxito Noticias, 27 de septiembre 2022.- El diputado de Creemos, Sergio Maniguary, manifestó que el presidente Luis Arce “no tiene los cojones” para enjuiciar a Evo Morales por los hechos ocurridos en abril de 2009. Esto después de que se conociera el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso denominado “terrorismo”, el cual concluye que en el Gobierno del exmandatario existieron ejecuciones extrajudiciales y torturas en el asalto al hotel de Las Américas, en Santa Cruz, donde fueron asesinadas tres personas y otras dos resultaron heridas.
“(Luis Arce) no se anima porque no tiene los cojones bien puestos, por eso no lo va a hacer. La CIDH lo ha dicho bien claro: ‘le damos el lugar a Bolivia para que inicie el proceso al señor Evo Morales’, pero (como) el presidente Luis Arce no tiene los pantalones bien puestos, no lo va a hacer”.
declaró.
Maniguary indicó que, además de Morales, deben ser procesados el exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, exautoridades de su administración y el Alto Mando Policial de ese entonces.
“Ojalá que el presidente Arce tenga los pantalones para iniciarle procesos a Evo Morales y a toda su red de mafiosos”.
dijo.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, indicó el lunes que no emitirá ningún criterio sobre el informe de la instancia internacional respecto al caso ‘terrorismo’. Argumentó que ese informe está bajo reserva y confidencialidad.
El informe de la CIDH atribuye al Estado, durante el Gobierno de Morales, la muerte de Michael Dywer, quien junto a Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi perdieron la vida durante el operativo policial ejecutado la madrugada del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz. La CIDH también estableció que los sobrevivientes en ese operativo fueron víctimas de torturas
Asimismo, el Ministerio de Justicia señaló que el hecho data de 2009 y que “fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez”. La CIDH dio cuatro recomendaciones, entre ellas, enviar a exautoridades de dicho Gobierno a un juicio de corte, para evitar que el Estado boliviano sea denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
