Éxito Noticias, 26 de septiembre 2022.- El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, afirma que el informe de la CIDH divulgado el fin de semana, sobre el caso denominado ‘Terrorismo’, ocurrido en 2009, es reservado y no emitirá opiniones.
Mediante un comunicado, la cartera de Estado, encabezada por Iván Lima, recordó que el caso fue archivado “arbitrariamente” en 2020, durante el Gobierno transitorio Jeanine Áñez.
“En relación a distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo en nuestro país, por acciones ocurridas el año 2009, es menester recordar que el mismo fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”.
señala parte del documento.
El ministerio agrega que las acciones dentro del proceso son “objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncia presentada por los entonces acusados del caso”.
Respecto al informe final de la CIDH, en la causa registrada como “Caso 13.546”, el pronunciamiento establece que “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.
Por tanto, “el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, agrega la nota.
Un informe de la CIDH concluyó que el Estado de Bolivia, durante el Gobierno de Evo Morales, es responsable por “graves violaciones de derechos” de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados en el país dentro del polémico caso de supuesto terrorismo que data de 2009 y que fue cerrado en 2020.
El informe fue emitido en diciembre de 2021, pero se conoció sobre su existencia el fin de semana.
El documento señala, entre sus conclusiones que el Gobierno de Morales, ordenó de manera unilateral que se ejecute, sin que exista intervención de la justicia ni la Fiscalía, un operativo contra un presunto grupo armado que se alojaba en el hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.
En esta acción policial se produjeron ejecuciones extrajudiciales y torturas, agrega el informe.
El caso Rózsa o Terrorismo, que data del 16 de abril de 2009, se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista, conformado por extranjeros, para ejecutar un supuesto plan que tenía como objetivo acabar con la vida del expresidente Morales y otras exautoridades de Gobierno. El operativo terminó con tres extranjeros muertos, entre ellos Eduardo Rózsa.
Por otra parte, en un hilo en Twitter, Morales consideró que se busca “direccionar” en su contra el “caso terrorismo” dentro del supuesto “plan negro” que asegura que algunos funcionarios del Gobierno del presidente Luis Arce llevan a cabo para desprestigiarlo.
Morales apuntó al exministro del Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, por el cierre del caso “pese a la existencia de separatistas confesos y sentenciados” y lamentó que “algunos” traten de “concluir” ese “trabajo sucio” para intentar involucrarlo.
